Miércoles 23 de abril de 2014

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Fiscalía entregará 22 cuerpos de víctimas de 'paras' y guerrilleros

- | 29/06/12
Fosa común en Caquetá
En Urabá constantemente se realizan exhumaciones por información de victimarios y víctimas.
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Los hechos ocurrieron entre 1993 y 2002 en el Urabá antioqueño.

Su desaparición puso en vilo la neutralidad de las comunidades indígenas en el Urabá, que veían cómo los paramilitares y las Farc se disputaban en Chigorodó, al sur de la subregión, una zona estratégica para ganar la guerra y apoderarse de los corredores de narcotráfico, que coincidían con el resguardo del Alto Guapá.

Pedro Luis y Guillermo Bailarín, gobernador y líder indígena de este cabildo respectivamente, desaparecieron en la madrugada del 3 de enero de 1999.

"Preguntaron por ellos porque siempre cargaban unas listas y los sacaron de las casas. Hicimos un pronunciamiento público porque los reportamos como desaparecidos. Cuando comenzó Justicia y Paz fue que nos dimos cuenta de dónde estaban", dice un líder de la comunidad quien recuerda que el crimen le fue atribuido al frente Quinto de las Farc.

Luego del asesinato el cabildo se desestabilizó, varias familias salieron de la zona y el miedo nunca los abandonó: siguen siendo corredor estratégico de nuevas guerras.

El paso del tiempo hace que la gente sume tragedias. En Guapá hablan de 700 indígenas que salieron de la región, otros dicen que los desplazados alcanzaron los dos mil.

Apenas hoy, la comunidad emberá katío de este resguardo los volverá a ver, vueltos cenizas, gracias a la labor de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dependencia encargada de su exhumación e identificación.

Las 22 personas, entre ellas los hermanos Bailarín, que regresan a sus familias fueron asesinadas entre 1993 y el 2002. Dos de ellos eran niños, otra mujer y el resto, hombres entre los 17 y los 53 años.

Los victimarios fueron distintos bloques paramilitares (Casa Castaño, Bloque Élmer Cárdenas, y Bloque Bananero), por la guerrilla los Frentes 5, 7 y 34 de las Farc.

Inician muertes selectivas

El asesinato de Los Bailarín fue una más de las muertes selectivas en la región.

Líderes de la mesa subregional de víctimas en Urabá recuerdan que esta modalidad de asesinato llegó hacia 1999, cuando terminaron las grandes masacres -se estima que solo entre 1992 y 1994 hubo una veintena de ellas-, época en la que también iniciaron las desapariciones forzadas.

El calvario aun no termina. "Todo este tiempo ha sido difícil porque en la zona han ocurrido asesinatos, desplazamientos, amenazas y hostigamientos en los territorios. En Chigorodó ha crecido la invasión de la coca y las amenazas contra ellos por denunciar esta situación", expresó William Carupia, Presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Por más apoyo psicosocial

Las familias de las personas que serán entregadas hoy en Apartadó recibieron ayer los talleres psicosociales previos al acto simbólico. Sin embargo, una de las líderes de la mesa subregional reiteró la importancia de mejorar dicho acompañamiento.

"Es necesaria una atención antes, durante y después de la entrega. Hemos propuesto que sea mínimo una semana antes y hacerles seguimiento de cómo va el duelo", precisó la líder.

Pese al conflicto los descendientes de los Bailarín volvieron a Urabá. Uno de ellos, Guillermo, también fue gobernador. Hoy ambas familias, después de 13 años de espera, podrán velar las cenizas de quienes un día fueron sus líderes.

Antioquia encabeza en el país lista de exhumaciones

Desde el 2007, Antioquia es el departamento en el que han sido exhumados más cuerpos en el país y en el que más personas han logrado encontrar a sus familiares desaparecidos.

Para Álvaro Villarraga, director de la Fundación Cultura Democrática y director de la investigación del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de la Chinita en Apartadó, este departamento ha sido en todo sentido el que más ha sido golpeado por la violencia y en el que, históricamente, se han presentado más iniciativas humanitarias, tanto desde la sociedad civil como desde la acción gubernamental.

"Así como hay una problemática muy cruda hay también dinámicas institucionales y de víctimas muy fuertes. Por ejemplo, el mayor nivel de atención de víctimas de la Comisión Nacional de Reparación estuvo en Urabá" precisó Villarraga.

Según este investigador fue entre 1992 y 1994 cuando se fortaleció en el Urabá antioqueño el proyecto paramilitar."Incluso el discurso de Carlos Castaño era que ese debía ser el modelo para el país", añadió el investigador.

Hacia 1996, con el proyecto paramilitar fortalecido en la región, comienza su expansión hacia los departamentos de Sucre, Bolívar y Cesar. "Esto produjo un volumen muy alto de desplazados en toda la parte central del Urabá antioqueño", concluyó.

CARLOS MARIO CANO R.
REDACTOR DE EL TIEMPO
MEDELLÍN

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