Viernes 24 de octubre de 2014

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Procuraduría solicita condenar a la Nación por la toma de Miraflores

- | 17/07/12
Toma a base de Miraflores
Toma a base de Miraflores
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Debido a negligencia y falta de planeación militar se produjo el trágico suceso aseguró la entidad.

Luego de 14 años de la toma de las Farc a la base militar de Miraflores (Guaviare), la Procuraduría desnudó las fallas estratégicas del Ejército que permitieron a los guerrilleros atacar la base militar y la estación de la Policía que funcionaba en esa población, con un saldo de 11 muertos, 15 heridos y 67 policías y militares secuestrados.

En un concepto entregado al Consejo de Estado, que estudia en segunda instancia una demanda contra la Nación, el Ministerio Público también le advierte al país que la única posibilidad para evitar graves sanciones de tribunales internacionales por estos hechos es la de reconocer su responsabilidad por los daños que sufrieron los uniformados que terminaron cautivos, algunos por más de 10 años.

El Ejército, señaló la Procuraduría en el concepto, "siendo conocedor de la situación de orden público, no tuvo en cuenta las alertas expuestas por los servicios de inteligencia militar para haber tomado las medidas de seguridad pertinentes que hubiesen permitido una mejor defensa y protección de los miembros de la Fuerza Pública víctimas del secuestro".

La demanda fue presentada por 26 de las víctimas. Ellas, dijo el organismo de control, requieren de tratamientos médicos y psiquiátricos, apoyo económico, medios para acoplarse a la forma de vida que tenían antes del secuestro y oportunidades para contar con un empleo.

Además, pide aumentar en cien salarios mínimos (unos 60 millones de pesos) la indemnización moral para cada una de las víctimas, que ya fue decretada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta.

Tras analizar paso a paso la toma, el Ministerio Público concluyó que en los momentos previos y posteriores al ataque hubo "descuido y falta de planeación estratégica" por parte de los altos mandos militares de la época.

"A nosotros nos decían en el pueblo que (las Farc) se nos iban a meter, que nos cuidáramos (...). Y fracasamos (en la defensa de la base) pero por la poca cantidad de personal y las fallas en el armamento", dijo el cabo primero Over Sánchez Pérez, uno de los militares que sobrevivieron al ataque, al Juez 11 Penal Militar, que investigó los hechos, ocurridos el 3 y el 4 de agosto de 1998.

"En efecto, si la entidad castrense hubiese realizado un estudio de seguridad, si la inteligencia militar hubiese desplegado mayor actividad, habría podido determinar el incremento de las unidades, lo que deja en evidencia la poca actividad del Ejército. Es decir, no se estudiaron las variables posibles para desarrollar las estrategias a seguir", agrega el concepto.

El Ejército ha alegado en su defensa que los demandantes no demostraron ninguna omisión de sus mandos en los hechos. Según sus voceros, los soldados fueron secuestrados mientras ejercían una actividad propia de su profesión en ese momento: la defensa de un puesto militar y el cumplimiento de operaciones antiguerrilleras.

La Procuraduría contradice esta tesis y destaca que los secuestrados eran soldados regulares o conscriptos.

"Ellos tienen un régimen distinto dada su incorporación forzosa a las filas, pues al cumplir con el deber de prestar servicio militar obligatorio asumen una carga pública desproporcionada", consideró el Procurador delegado, aclarando que los daños a los soldados fueron cometidos por las Farc.

 

REDACCIÓN

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